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Una sucesión de escándalos




Por David Ghitis

Apenas se disipa un escándalo, surge otro. ¿Hemos olvidado ya a Nicolás Petro? ¿Y a la niñera de Laura Sarabia y el polígrafo? ¿Qué hay de los audios de Benedetti y los 15.000 millones de pesos?


El presidente busca así crear, sin base jurídica, entidades análogas al congreso y a las cortes, como "repúblicas independientes" que redacten nuevas leyes, lo que podría desencadenar violencia y conflictos predecibles entre las distintas ramas del poder público y el ejecutivo.

El escándalo actual es la campaña de reelección del presidente, marcada por su empeño en convocar una asamblea nacional constituyente, incluso sin cumplir con los requisitos legales. ¿Es acaso una cortina de humo para desviar la atención de los problemas con el CNE, los límites de financiación y el artículo 109 de la constitución? Podría ser, pero sigue siendo alarmante que se juegue con fuego de esta manera.


Y entonces, ¿para qué una cortina de humo? Hoy, Suramericana ha anunciado su retiro de la EPS Sura del sistema de salud, dejando más de cinco millones de afiliados a cargo del gobierno. Esto representa una carga adicional para un sistema de salud ya debilitado, que ha sido objeto de críticas por parte de Gustavo Petro desde la campaña presidencial. En el pasado, a pesar de sus problemas, el sistema funcionaba; ahora se ha convertido en un ente estancado que compromete seriamente la salud de los colombianos.


Retomando el tema del "proceso constituyente", parece que el presidente planea ir a la Universidad Nacional y allí declarar "abierto" lo que denomina proceso constituyente. Pretende hacerlo ante una mayoría de la población universitaria que lo apoya, incluidos muchos de la "primera línea". Así, el presidente intentaría establecer un territorio constituyente especial dentro de la universidad. Imaginen algo similar al Caguán, pero en el corazón de Bogotá. Posteriormente, podría replicar este modelo en otras universidades públicas y en resguardos indígenas. El presidente busca así crear, sin base jurídica, entidades análogas al congreso y a las cortes, como "repúblicas independientes" que redacten nuevas leyes, lo que podría desencadenar violencia y conflictos predecibles entre las distintas ramas del poder público y el ejecutivo.


No debemos olvidar lo ocurrido con la revelación de las intenciones de eliminar las sanciones del artículo 109. En 2022, tres semanas después de la instalación del congreso y cuatro días tras la toma de posesión presidencial, se presentó un proyecto de acto legislativo que proponía modificar el artículo 109, eliminando las sanciones establecidas y alterando la financiación de las campañas políticas para que pasara a ser estatal. Existe una denuncia por fraude procesal ante la CSJ relacionada con este asunto. Además, dos autores del proyecto forman parte de la comisión de investigación y acusación y están encargados de investigar al presidente por violaciones a los límites de financiación. Es cuestionable cómo pueden ser imparciales al investigar al presidente, miembro de su mismo partido político, por la violación de topes de financiación que ellos intentaron despenalizar. Por esta razón, también se ha interpuesto una recusación contra estos dos miembros de la comisión.

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