Corrupción política: crisis de representatividad y ruptura del contrato social

La lucha contra la corrupción es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso de todos los ciudadanos

Por el rabino Fishel Szlajen

La corrupción política es definida como todo acto deshonesto o delictivo cometido por funcionarios públicos, líderes sociales o autoridades en cualquiera de los poderes del Estado o sus dependencias, abusando de su poder, influyendo o realizando un mal uso intencional de los recursos a los que tienen acceso, priorizando por sobre el bien común sus intereses personales o de sus allegados, violando sus responsabilidades y obligaciones públicas.

Si bien este tipo de corrupción ha existido a lo largo de la historia en múltiples y diversos Estados, en la actualidad es la principal preocupación no sólo porque es el primer causal de la degradación económica, social y cultural sino porque socava las propias bases del contrato social y la legitimidad de todo el sistema democrático en su representatividad, republicanismo y estado de derecho. Aun cuando existe todo un plexo jurídico punitivo y administrativo contra la corrupción, frecuentemente ineficaz en estas latitudes por constituir una falacia de petición de principio, desde la perspectiva ética como disciplina normativa filosófica que aborda las nociones morales del bien y el mal en sus relaciones de aplicabilidad en el comportamiento humano, la corrupción política no sólo es un acto delictivo sino que es el fenómeno que carcome los principios fundamentales de justicia, honestidad y responsabilidad.

Dicho socavamiento producido por la corrupción política se traduce en términos de representatividad tal como expone Michael Johnston, conllevando una violación de la confianza pública y una traición a los principios democráticos básicos. En otras palabras, la corrupción política no sólo es moralmente condenable en lo particular, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad. Aquí es donde Susan Rose-Ackerman destaca que, la corrupción política direccionando la asignación de recursos de forma ineficiente o en favor de intereses particulares distorsiona las políticas públicas, resultando en un perjuicio para la sociedad en general. Es decir, la corrupción política afecta tanto a los ciudadanos directa e inmediatamente perjudicados como a la economía en general y al desarrollo social.

Profundizando más aún, esta ruptura del sistema representativo causada por la corrupción política deviene en la disolución de la teoría del contrato social, la cual sostiene que los individuos aceptan obedecer las leyes y regulaciones estatales a cambio de la protección de sus derechos y bienestar. Por ello, la erosión de la confianza por parte de la población respecto del gobierno mina la legitimidad de las instituciones políticas. Como argumenta John Rawls, la corrupción política como incumplimiento del pacto de justicia, amenaza la estabilidad y el orden social al socavar la confianza en el sistema político y las normas que lo sustentan. Pacto de justicia entre el individuo y el Estado, como remedo del de Noé y su descendencia en Génesis 9 para la supervivencia de la humanidad, del de Abraham y su descendencia para conformar naciones en Génesis 17, y el de Moisés y el pueblo de Israel expresado en los mandamientos, leyes y estatutos para su identidad y existencia, en Éxodo 19.

Fácilmente se observa aquí que focalizar el problema de la Argentina en lo económico, aunque represente ciertamente una urgencia, no es más que atacar uno de los tantos síntomas de la corrupción política, por no ser el mal radical del cual la inflación, la pobreza, la inseguridad y los críticos problemas de calidad e infraestructura en la educación y salud pública, son una de sus tantas consecuencias. Por ello, mientras que toda propuesta por parte de los candidatos o funcionarios se reduce y agota en medidas o planes económicos y no en proyectos integrales de país depurando la política, no se resolverán los problemas y menos aún el propio económico, porque no se trata de una cuestión técnica en un ámbito en particular sino de un tema ético cultural general.

Para ello, y desde la perspectiva de la teoría de la virtud aristotélica, donde la corrupción política es una falta de virtudes morales en los líderes políticos, o en quienes ocupan lugares de poder, el proyecto central para restaurar la deontología en la función pública requiere una combinación de medidas educativas, legales, institucionales y culturales, con necesarios y claros ejemplos personales desde la propia dirigencia y una firme exigencia por parte de la ciudadanía. Es esencial promover una cultura de la integridad y responsabilidad en la sociedad, donde la educación ética, la promoción de valores y la exigencia incondicional a los funcionarios y a las instituciones demandando responsabilidad, eficiencia y transparencia, son sus pilares fundamentales. Así como también la aplicación de un ejemplar escarmiento en caso de corrupción. Como destaca Kant, la transparencia y participación ciudadana son los fundamentos para prevenir la corrupción política. En este sentido, Daniel Kaufmann, Jeremy Pope y Paolo Mauro, entre otros, coinciden en sus investigaciones con lo implementado en países habientes de los más bajos índices de corrupción según el IPC. Un enfoque integral y coordinado bajo al menos las siguientes cinco medidas fundamentales.

1- Transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y financiamiento político, mediante regulaciones estrictas que incluyan límites a las contribuciones particulares, más leyes que garanticen la divulgación completa de las fuentes de financiamiento y de registros públicos sobre las actuaciones políticas y declaraciones de bienes, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión.

2- Fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como organismos de control y comisiones autónomas para supervisión y auditoria, dotándolos de recursos necesarios, garantizando su independencia y capacitación.

3- Educación cívica y ética de forma continua y desde la más temprana edad, fomentando la participación ciudadana, el empoderamiento de la sociedad civil y la cultura de la integridad.

4- Sanciones y puniciones efectivas y ejemplares, penales, cívicas y sociales, a quienes estén involucrados en actos de corrupción, debiendo ser imprescriptibles y con penalidades proporcionales a sus acciones, mediante investigaciones imparciales, juicios justos y la aplicación efectiva de leyes anticorrupción. Además, se deben recuperar los activos de ilícitos y confiscarlos para desincentivar la corrupción.

5- Cooperación internacional para intercambiar información fortaleciendo los mecanismos de extradición y colaborar en la recuperación de activos producto de ilícitos.

Estas medidas sumadas a salarios justos para los funcionarios públicos más tecnología y digitalización en la administración pública y servicios gubernamentales, reduciendo la interacción directa con funcionarios y minimizando las oportunidades de corrupción, conforman el comienzo de una sólida infraestructura institucional bajo un mínimo de estándar ético para combatir la corrupción política. Sólo así, se podrá restaurar la confianza en el sistema, bajar los niveles de evasión, recuperar recursos y asignarlos de forma eficiente, justa y equitativa, equilibrio fiscal, baja de niveles de pobreza y lograr una ciudadanía de calidad. A ello, por supuesto, se adicionan medidas particulares para generar facilidades en el empleo y la inversión.

De lo contrario, seguiremos en un espiralado descenso a la miseria con dirigentes ya conocidos, probadamente corruptos y cada vez más ricos gobernando un pueblo cada vez más pobre, distrayéndonos con hechiceros o moralistas políticos, retóricos de la coyuntura y carentes de validez, pero nunca logrando políticos morales haciendo propio los preceptos para sus actuaciones públicas.

La lucha contra la corrupción es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso de todos los ciudadanos y la implementación de efectivas y duraderas políticas de estado más allá de las gubernamentales. Es nuestro deber cívico levantarnos contra la corrupción y exigir un cambio real y duradero, para que no nos sigan robando el progreso y bienestar. Porque la corrupción, aun naturalizada como parte inescindible del accionar político, no es un destino inevitable, sino una elección.