El Golpe, los Juicios y los Derechos Humanos




POR JUEZ FRANCO FIUMARA*

La década de 1970 fue la más violenta de la historia argentina por el intento de varios sectores de querer imponer por la fuerza distintas cosmovisiones ideológicas. Esta violencia produjo enfrentamientos en el territorio nacional y en los países hermanos, que luego bajo el Plan Cóndor, generaron miles de asesinatos planificados desde los aparatos estatales.

El 25 de mayo de 1973, con el reverdecer democrático y la conformación de un nuevo gobierno popular, la violencia no menguó. Tras los indultos y amnistía general a miembros de ERP, Montoneros, FAR, FAL de Héctor Campora, tan grave se tornó la convivencia interna, que el presidente electo renunció y se llamó a elecciones. El General Perón volvió al gobierno.

Pero la violencia continuó, el grupo subversivo Montonero fue expulsado por el líder de la Plaza de Mayo, y pasaron a la clandestinidad. El estado de salud del presidente se deterioró y falleció el 1 de julio de 1974. La fuerza paramilitar bajo el amparo del gobierno constitucional de Isabel Perón, conocida como Triple A, cometió infinidades de crímenes.

El país vivió un verdadero pandemónium resumidos jurídicamente en algunos hechos puntuales ocurridos en 1975: “Masacre de Pasco” en Temperley, hecho cometido por la Triple A, en el cual asesinaron a 7 personas, de las cuales dos eran menores y uno por error; ataque Montonero en el Regimiento de Infantería 29 de Monte, Formosa, con 10 soldados conscriptos y tres civiles asesinados; ERP, también se adjudicó secuestros y asesinatos como el de Argentino del Valle Larrabure. Mientras tanto, asume el Tte. Gral. Jorge R. Videla como Comandante en Jefe del Ejército, comenzando a pergeñar el golpe de estado, ejerciendo una presión inconmensurable sobre “Isabelita”, quien finalmente solicita una licencia médica, asumiendo Ítalo Lúder.

La desgracia nacional estaba echada. Mediante la firma de tres decretos, en especial el 2772 se llamó a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Fueron firmados por Í. Lúder, Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf, Manuel Aráuz Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery y Angel Federico Robledo.

Tras esta nefasta decisión, comenzaron los primeros desaparecidos en plena democracia que se vio definitivamente cercenada tras el golpe efectuado por el Proceso de Reorganización Nacional encabezado por Videla-Massera y Agosti. La cacería humana de los llamados “zurdos” no tuvo precedentes. Los organismos internacionales, las ONG, los familiares de víctimas que se encontraban en el exterior y haciendo rondas en la Plaza de Mayo, ejercieron presión reclamando la aparición con vida de ellos.


En un reportaje en 1979, ante la pregunta del periodista J.I. López, el dictador Videla contestó cínicamente: “Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo…está desaparecido”. Perversión quizás sea un calificativo. Criminal, es su condición por sentencia judicial.

Para arribar a la misma, en 1983 con nuevo retorno a la democracia, el Presidente Raúl R. Alfonsín, entre sus primeras medidas de gobierno firmó el decreto 158/83 que ordenaba enjuiciar a los “…integrantes de la junta militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”; el decreto 157/83 que ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; y creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), integrado por destacadas personalidades, que documentó, registró y reconstruyó casos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar.

Un año más tarde, encabezado por Ernesto Sábato, se entregó al presidente Alfonsín el informe “Nunca Más” con pruebas que fueron utilizadas en el juicio a las Juntas Militares, en cuyo alegato final pidió las condenas de los asesinos por vulnerar los Derechos Humanos Universales en todos sus aspectos, el Fiscal Julio Strassera dijo: “Señores jueces Nunca Más”.

Finalmente, el 9 de diciembre de 1985, por primera vez en la historia, la Justicia Civil condenó a criminales de Lesa Humanidad que estuvieron de facto en el poder. Los juicios sentaron un hito jurídico sin precedentes a nivel mundial cuyas sentencias cumplen un fin didáctico en relación a los Derechos Humanos de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad argentina en su conjunto.

La instalación social caló profundamente en los habitantes de la República, quienes aprendieron a ampararse y reclamar cada uno de los Derechos Humanos sancionados en el ámbito nacional e internacional.

Los juicios marcaron un rumbo. La educación en valores humanos universales como libres pensantes es la mejor fuente de prevención, y una Justicia independiente, objetiva y en tiempo real es el verdadero y definitivo camino para el ansiado “Nunca Más”.


Dr. Franco M. Fiumara: Juez en lo Criminal; Doctor en Ciencias Jurídicas; Doctor en Ciencias Políticas; Posgrado Universidad de Bari (Italia); Becario y profesor invitado de Yad Vashem (Israel); Condecorado como Ufficiale della Ordine della Stella d`Italia; Profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari, Italia; Becario del programa Personnalité d´ avenir (Francia); Docente de grado y posgrado (DDHH), Investigador y Consejero UNLaM.


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