Jodida la verdad

Por Miguel Andrés Fierro Pinto

Normalmente, la historia la escriben los vencedores y no los perdedores. Normalmente los vencedores juzgan a sus vencidos y los primeros someten a las reglas a los segundos. Así ocurrió luego de la posguerra con el juicio de Nuremberg, en el cual los aliados procesaron a los nazis por sus aberraciones ampliamente conocidas y, por lógica, la historia no podía ser al revés y debió ser así. Pero en Colombia, anormalmente, la historia la están escribiendo los vencidos por medio de una jurisdicción hecha a su medida, junto con sus cortesanos y estafetas derrotados y rechazados en el campo militar, en la calle y en las urnas por toda una sociedad. Anormalmente, los derrotados y rechazados están procesando a quienes le enfrentaron con determinación, venciéndolos en pro de la protección a los colombianos.

La historia la están escribiendo los vencidos por medio de una jurisdicción hecha a su medida, junto con sus cortesanos y estafetas derrotados y rechazados en el campo militar, en la calle y en las urnas por toda una sociedad

Justo, cuando el 2 de julio de 2008 celebrábamos la hazaña de la Operación Jaque, en la que el glorioso Ejército Nacional de Colombia rescató de las manos de los narcoterroristas secuestradores a Íngrid Betancourt, los tres ciudadanos norteamericanos y once policías y militares, algunos pensamos en el futuro teniendo en cuenta el modus operandi de la izquierda internacional que en conceptos de sus comisiones de verdad y tribunales de justicia transicional internacional. Y nuestra preocupación se centraba en qué pasaría en la próxima década con el general Mario Montoya, comandante del Ejército, quien lideró dicho operativo de inteligencia y el entonces máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano.

Sin fungir como aves de mal agüero, imaginamos que, dado el trabajo articulado de la izquierda a largo plazo, el general Montoya estaría investigado penalmente por alguna actuación de su servicio (cierta o implantada) por un tribunal ideologizado al servicio del marxismo y el entonces comandante de las FARC, podría desempeñarse como senador de la República. Tristemente, el tiempo sólo nos hizo una corrección, ya que Alfonso Cano fue dado de baja tres años después de la Operación Jaque en la épica Operación Odiseo.

No obstante, quien lo sucedió en la máxima comandancia de esa organización narcoterrorista y los demás miembros del Secretariado, lograron impunidad con criterios de elegibilidad, haciéndose actores políticos sin pagar un solo día cárcel, con estatus político y 10 curules gratis. Por el contrario, muchas personas que enfrentaron y derrotaron a las FARC en el campo de batalla como el general Montoya están siendo procesados por un modelo de justicia diseñado por las mismas FARC, en virtud al Gift Card que les entregó Juan Manuel Santos a cuesta de la impunidad, la sangre y el llanto de las víctimas.

El tribunal de justicia transicional primero permitió la fuga del probado narcotraficante Jesús Santrich al despojar de la competencia a la Fiscalía General de la Nación y a la vez prevaricar ya que dicha jurisdicción de justicia transicional no tiene competencia para avocar conocimiento de hechos posteriores al 1 de diciembre de 2016, tal cual como lo son los delitos cometidos por Santrich. Tristemente, una jurisdicción que además de ser derrotada en las urnas y que carece de juicio de legitimidad, sólo ha producido esa decisión de fondo y en nada favorece los derechos de rango constitucional que tienen las víctimas de las FARC, como lo son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Ahora bien, dicha jurisdicción en su propósito medular de reeditar la historia y hacer enroque de roles, ha inflado las cifras de lo que se inventaron como “ejecuciones extrajudiciales”, a lo cual nos preguntamos: Si en Colombia no existen las ejecuciones judiciales ¿Es correcto que desde la judicatura se hable de ejecuciones extrajudiciales?

Pues bien, para reconfigurar la historia y alterar las narrativas que tienen los colombianos en la mente y en la retina e implantar el chip en la conciencia de los colombianos y la comunidad internacional, purgando la imagen de los terroristas para transformarlos en arcángeles de la democracia y enlodar al Gobierno y las instituciones que los enfrentaron poniéndole el pecho a las balas para evitar los objetivos estratégicos del marxismo, han decidido inflar las cifras de los “falsos positivos”, para instituir que en Colombia hubo una política de Estado que violó los derechos humanos de manera masiva y sistemática y a su vez legitimar la lucha subversiva, o mejor legalizar el terrorismo marxista.

Deja mucho que pensar que dicha jurisdicción toma como prueba sumaria las investigaciones sesgadas de oenegés marxistas enemigas de las FF.AA. y del Gobierno que combatió con determinación el terrorismo; y no haya tomado como fuente las cifras e investigaciones provenientes de la Fiscalía General de la Nación y de la institucionalidad del Estado Social de Derecho.

La verdad, no es mucho lo bueno que se puede esperar de una jurisdicción de justicia transicional espuria, rechazada en las urnas por los colombianos, hecha a la medida del abogado comunista de las Farc, el español Enrique Santiago, jurisdicción que ha prevaricado, ampliándose su mandato y vigencia, despojando de esa facultad potestativa y exclusiva del Presidente de la República y que la entonces presidente de dicho órgano posaba en fotos y selfies con pareja de Tirofijo que hoy día por las bondades de Juan Manuel Santos goza de una curul en el congreso expectorando a las víctimas.

No menos reprochable es la actitud y valoración que le da autodenominada ONG de DDHH Human Rights Watch y su director para las América, el comunista chileno José Miguel Vivanco, al considerar palabra de Dios lo dicho por el no mencionado órgano de justicia transicional en Colombia que está al servicio de los victimarios.

Es claro que Human Rights Watch no es una organización defensora de derechos humanos, sino una transnacional de negocios que efectúa valoraciones de acuerdo a clientes: no es gratis que atenué la divulgación de violaciones de derechos humanos contra las comunidades LGBTI en Arabia Saudita y, por exigencia de este país, proyecte informes de supuestas violaciones a los derechos humanos de los palestinos por parte del Estado de Israel.

Jodida la situación de la verdad, la cual está estrangulada y amenazada por la narrativa de providencias judiciales y la estratagema marxista internacional.

Jodida la situación de las víctimas de las Farc en Colombia, pues por un lado dicha organización en la legalidad se resisten a reconocer responsabilidades y a reparar, que sus disidencias en la ilegalidad amenazan con exterminar y que el presidente del órgano de justicia transicional amenace a las víctimas de judicializar a quienes cuestionen su actuar y lo reprochable de sus decisiones.

El mundo al revés.