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Los Ladridos de la Corte Penal Internacional - CPI



Por Omar Bula

En un mundo cada vez más fragmentado, es natural encontrar opiniones diametralmente opuestas y cargadas de emoción sobre temas como el conflicto entre Ucrania y Rusia, o entre el Estado de Israel y el grupo terrorista palestino Hamas.


Sin escatimar en elogios para Nicolás Maduro y Gustavo Petro, a quienes trató como si fueran verdaderos lores feudales, Karim Khan no dejó de hacer hincapié en el citado principio de complementariedad como eje central del éxito en la cooperación de los gobiernos socialistas con la Corte.

Sin embargo, si optamos por elevar nuestro análisis de un peldaño y apartamos las preferencias y emociones por un momento, podemos percibir con mayor claridad cómo estos conflictos, aparentemente distantes, pueden influir directamente en la suerte de nuestras propias naciones.


La frontera que define la autoridad de una nación sobre sus propios asuntos frente a las prerrogativas de un organismo multilateral es sacrosanta; es la línea roja inviolable que garantiza y respeta su soberanía.


En una era donde el movimiento globalista desafía la soberanía del Estado-Nación y emplea organismos internacionales para erosionarla, esta distinción se vuelve aún más crucial.


En este contexto, el reciente anuncio del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sobre la búsqueda de órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de defensa de Israel, trasciende las fronteras de la nación judía y nos debe incumbir a todos.


Más allá de la incongruente equivalencia establecida con los líderes del grupo terrorista palestino Hamas y el hecho de que Israel no es parte de la CPI, y por lo tanto no está sujeto a su jurisdicción, está en juego el llamado "principio de complementariedad".


El principio de complementariedad, enraizado en el Estatuto de Roma, establece que los tribunales internacionales, como la CPI, intervienen únicamente como recurso final cuando los sistemas judiciales nacionales carecen de la capacidad o la voluntad para emprender investigaciones y enjuiciamientos por crímenes graves.


En esencia, este principio, invocado por gobiernos como el de EE.UU. y el Reino Unido en oposición a la decisión de la CPI, marca la mencionada frontera entre la jurisdicción de la justicia nacional y la justicia internacional.


Para muchos, queda claro que la decisión de la CPI de ignorar el principio de complementariedad en el caso de Israel, constituye una deslegitimación flagrante de su sistema judicial, así como de su idoneidad y competencia.


Consciente del potencial de estas decisiones para establecer precedentes de gran alcance en el derecho internacional, y considerando la historia de ineficacia y corrupción de la CPI, decidí profundizar un poco más en el tema.


En el curso de mi investigación, me encontré con las recientes visitas realizadas por Karim Khan a Colombia y Venezuela, y lo que descubrí, además de ser patético, resultó sumamente revelador.


Sin escatimar en elogios para Nicolás Maduro y Gustavo Petro, a quienes trató como si fueran verdaderos lores feudales, Karim Khan no dejó de hacer hincapié en el citado principio de complementariedad como eje central del éxito en la cooperación de los gobiernos socialistas con la Corte.


No es difícil deducir, entonces, que para el fiscal Khan, a diferencia del sistema judicial de Israel, los sistemas judiciales de Colombia y Venezuela aparentemente sí son merecedores de plena confianza.


Más allá del absurdo de fiarse de las instancias judiciales de la peor narco-dictadura de la región para “impartir justicia”, en el caso de Colombia, Khan llegó incluso a elogiar la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Paz Total de Gustavo Petro, verdaderos adefesios al servicio del narcotráfico en un país que sigue desangrándose día tras día.


La verdad, ante el deterioro generalizado de los organismos multilaterales en los últimos tiempos, nada de esto me sorprende. Por el contrario, en lo que respecta a la CPI, lo único que hace es reconfirmar su reputación de incompetencia y corrupción, así como el carácter eminentemente político de sus decisiones.


Lo que nunca se me había cruzado por la mente era la posibilidad de que un "principio", concebido como instrumento de respeto mutuo para garantizar la soberanía de las naciones, pudiese ser convertido en una herramienta para legitimar sistemas judiciales de regímenes corruptos.


Antes de concluir, es necesario mencionar que hay otros gobernantes como Vladimir Putin y el sudanés Omar al Beshir para los cuales la CPI también ha emitido órdenes de arresto, pero, hasta la fecha, han sido solo amenazas que no se han materializado.


Perro que ladra no muerde, dirán algunos, tal vez. Pero, lo que sí es seguro es que los ladridos de la CPI (con la ayuda de los grandes medios), son muy ruidosos, y que su justicia selectiva consituye una amenaza para el orden internacional.



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